El Gobierno de España lidera esta acción en coordinación con las autoridades de Consumo de Bélgica, Noruega y Países Bajos.
La Red de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (Red CPC), de la que forma parte la Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha notificado a 20 compañías aéreas que estarían divulgando afirmaciones ecológicas engañosas (ecopostureo o greenwashing). Esta acción, coordinada por la Comisión Europea, se ha desarrollado en coordinación con todos los Estados miembros y ha sido liderada por España y por las autoridades homólogas de Bélgica, Noruega y Países Bajos.
Las autoridades han identificado varios tipos de afirmaciones medioambientales potencialmente engañosas y han advertido a las compañías aéreas de que deben ajustar sus prácticas a la legislación de la UE en un plazo de 30 días. A partir de ahora, la Red CPC estará en contacto con las compañías aéreas y monitorizará la implantación de los cambios necesarios para cumplir con las normas vigentes. En caso de que estas compañías no adopten las medidas necesarias para resolver estos problemas, las autoridades de la Red CPC podrán decidir la adopción de nuevas medidas, incluidas sanciones económicas.
Entre las afirmaciones potencialmente engañosas incluidas en las páginas web o aplicaciones de las compañías aéreas destacan que las emisiones de CO2 causadas por un vuelo pueden compensarse o reducirse mediante proyectos climáticos o mediante el uso de combustibles de aviación sostenibles a los que las personas consumidoras pueden contribuir pagando tasas adicionales.
Otros tipos de prácticas engañosas detectadas son el uso de los términos "ecológico", "sostenible" o "responsable" de forma absoluta o el empleo de imágenes o colores que pueden inducir a error a los consumidores sobre el impacto medioambiental del sector aéreo, altamente contaminante. También se han detectado afirmaciones relacionadas con desempeño futuro, como que la aerolínea avanza hacia un nivel cero de emisiones de gases de efecto invernadero, que podrían no estar asociadas a compromisos claros y verificables, objetivos medibles y un sistema de seguimiento independiente.
De igual forma, algunas compañías presentan a los consumidores una "calculadora" de las emisiones de CO2 de un vuelo específico sin aportar pruebas científicas suficientes sobre la fiabilidad de dicho cálculo ni información sobre los elementos utilizados para el cálculo, o se comparan con otros vuelos o compañías en términos de emisiones de CO2, sin facilitar información suficiente y exacta sobre los elementos de la comparación.
El objetivo de la Dirección General de Consumo de España, a través de esta acción coordinada, es contribuir a la lucha contra el ecopostureo (greenwashing), eliminando este obstáculo para la transición verde y garantizando que las personas consumidoras dispongan de una información medioambiental clara y veraz que les permita tomar decisiones informadas.
La Comisión Europea coordina la cooperación entre las autoridades nacionales para garantizar que la legislación en materia de derechos de los consumidores se aplique y se haga cumplir de manera coherente en todo el mercado único. Esta red europea integrada por las autoridades de cada Estado miembro se conoce como red CPC. A través de esta red se puede alertar y coordinar medidas de aplicación en todo el territorio de la UE para hacer frente a las prácticas que perjudican a una gran mayoría de personas consumidoras de la UE. Las autoridades que constituyen esta red pueden aceptar el compromiso de las empresas responsables de corregir sus prácticas y ofrecer soluciones e indemnizaciones a los consumidores afectados. La lista de las autoridades de la CPC, las oficinas de enlace únicas, los organismos designados y las entidades que emiten alertas externas puede consultarse en la página web de la Consumer Protection Cooperation Network
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